La diputada regional del Partido Popular de La Rioja, Ana Lourdes González, presentó ayer una iniciativa parlamentaria que propone una alternativa para los agricultores ante la reforma de la OCM del azúcar. En esta proposición no de ley se insta al Gobierno central a «adecuar la actual normativa de utilización de biocarburantes, en el sentido de establecer la obligación del uso de los mismos en los combustibles fósiles de consumo en el mercado nacional, para alcanzar niveles mínimos del 7% en el 2010 y del 10% en el 2015».
Asimismo, con la proposición no de ley se pretende «establecer complementariamente las medidas de apoyo fiscal y financiero que permitan alcanzar los niveles de utilización anteriormente expuestos».
La diputada popular remarcó que la reforma de la OCM del azúcar, realizada por la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, es un auténtico fracaso para España». Indicó que más de 30.000 familias viven de este sector en España. Además, señaló que este sector emplea diariamente a 3.000 personas e implica a más de 800 municipios españoles.
Regionalizando los datos, Ana Lourdes González subrayó que «este fracaso afecta gravemente a nuestra comunidad» e indicó que la reforma de la OCM del azúcar supone a corto plazo «la reducción del 50% de la producción de remolacha para la fabricación de azúcar para España». Remarcó que en La Rioja afectará de forma directa a 300-350 familias productoras y a casi 2.000 hectáreas en 40 municipios riojanos.
Para la diputada regional, este recorte «podría suponer la desaparición, casi total, del cultivo en nuestra Comunidad». Ana Lourdes González explicó que ante esta situación una de las pocas alternativas para mantener la actividad agraria vinculada a la remolacha «pasa por la producción de bioetanol para su utilización como biocombustible». El bioetanol, explicó González, es un alcohol etílico que se produce a partir de la fermentación de los azúcares que se encuentran en determinadas plantas o semillas, como la caña de azúcar o la remolacha.
Plantas en España
González comentó que, actualmente, en España hay diez plantas de producción de biocombustible, tres de ellas de bioetanol, con una producción de 180.000 toneladas anuales. Indicó que las condiciones de mercado y la normativa actual «limitan el desarrollo de estas instalaciones», lo que «nos conduce a adecuar dicha normativa nacional para hacer viables esas actividades».
Recordó otros casos europeos, como el del Gobierno francés que «anunció recientemente la construcción de diez nuevas plantas de producción de biocarburantes con el fin de acelerar el desarrollo de los mismos, situando su consumo en el 10% para 2015». Alemania, añadió, ha anunciado medidas «para el uso obligatorio de los biocombustibles». El Reino Unido, Holanda y Eslovenia «también tienen intención de establecer este tipo de obligaciones».
Por todo ello, para Ana Lourdes González resulta «imprescindible que nuestro país adapte la normativa en ese mismo sentido, para aumentar el uso de biocarburantes y ofrecer alternativas a los productores de remolacha».