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Eficiencia y ahorro energéticos, impulso a las fuentes renovables y mayor responsabilidad ciudadana en el uso de los recursos naturales. Es la santísima trinidad de objetivos que se marca la Estrategia Española de Cambio Climático diseñada por el Gobierno, y que a partir de hoy comienza un largo camino de negociación con el resto de las administraciones del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. La Estrategia pone sus miras en los llamados sectores difusos, responsables del 60% de las emisiones españolas de CO2.

A diferencia de la actividad industrial, el sector del transporte y otros como la construcción, la agricultura o los usos residenciales y ciudadanos no están sujetos a ningún tipo de restricción. Ahora se pretende meterlos en vereda y limitar su gasto energético y las emisiones atmosféricas que contribuyen al calentamiento global.

El ministerio de Medio Ambiente activó ayer los resortes institucionales que debieran permitir aprobar el plan en los próximos meses, en el tramo final de una legislatura que hace tiempo debiera haberse dotado de instrumentos para luchar contra dos evidencias irrefutables: la Península Ibérica será una de las regiones más castigadas por los efectos del cambio climático en las próximas décadas, y pese a sus compromisos internacionales, España sigue sin atajar sus emisiones de CO2 a la atmósfera, un 37% por encima de los límites establecidos en el Protocolo de Kioto.

La Estrategia Española de Cambio Climático es un documento de 45 páginas elaborado por Medio Ambiente y los ministerios de Economía, Industria, Agricultura, Presidencia, Fomento, Trabajo y Vivienda, con casi dos centenares de propuestas cuyo propósito último es recortar el consumo de energía un 1% anual de aquí al 2020, sin menoscabar el crecimiento económico y el bienestar social de la población española.