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El conflicto funerario

La polémica por la construcción de un tanatorio en Bilbao se saldó en diciembre con un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa promotora del local del restaurante Lasa. Este conflicto coleaba desde 1996, cuando se decretó la liberalización del servicio. Durante todo el año, se sucedieron las pugnas entre Funespaña, la empresa asociada al Ayuntamiento que promovía un proyecto de tanatorio en Basurto, y el resto de firmas. En febrero, el Consistorio vetó el proyecto de Funeraria Bilbaína para construir un local en el restaurante Lasa del barrio de Begoña, debido a la «alarma social» suscitada. Urbanismo ofreció en julio a esta firma un solar en la plaza del Gas, pero el alcalde abortó la operación por no ser rentable.

En otoño, la empresa Funespaña reclamó que se prohibiesen otros tanatorios, y aunque el gobierno se apresuró a rechazar estas exigencias por «ilegales», las firmas privadas pidieron la suspensión cautelar del contrato de esta empresa. Funeraria Bilbaína decidió en noviembre denunciar a Josu Ortuondo y a nueve concejales por prevaricación, reclamando una suma de 1.854 millones de pesetas. Sin embargo, a mediados de diciembre, el alcalde quiso evitar el pleito, y accedió a comprar el Lasa por 240 millones, la misma cantidad que pagó la funeraria. Además, le otorgó como compensación el solar de la plaza del Gas, donde se ubicará el futuro tanatorio. Funespaña no tardó en reaccionar y tachó de ilegal este acuerdo.


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