El conflicto funerario
La polémica por la construcción de un tanatorio
en Bilbao se saldó en diciembre con un acuerdo entre el
Ayuntamiento y la empresa
promotora
del local del restaurante Lasa. Este conflicto coleaba desde
1996, cuando se decretó la liberalización del servicio.
Durante todo el año, se sucedieron las pugnas entre Funespaña,
la empresa asociada al Ayuntamiento que promovía un proyecto
de tanatorio en Basurto, y el resto de firmas. En febrero, el
Consistorio vetó el proyecto de Funeraria Bilbaína
para construir un local en el restaurante Lasa del barrio de
Begoña, debido a la «alarma social»
suscitada. Urbanismo ofreció en julio a esta firma un
solar en la plaza del Gas, pero el alcalde abortó la operación
por no ser rentable.
En otoño, la empresa Funespaña reclamó
que se prohibiesen otros tanatorios, y aunque el gobierno se
apresuró a rechazar estas exigencias por «ilegales»,
las firmas privadas pidieron la suspensión cautelar del
contrato de esta empresa. Funeraria Bilbaína decidió
en noviembre denunciar a Josu Ortuondo y a nueve concejales por
prevaricación, reclamando una suma de 1.854 millones de
pesetas. Sin embargo, a mediados de diciembre, el alcalde quiso
evitar el pleito, y accedió a comprar el Lasa por 240
millones, la misma cantidad que pagó la funeraria. Además,
le otorgó como compensación el solar de la plaza
del Gas, donde se ubicará el futuro tanatorio. Funespaña
no tardó en reaccionar y tachó de ilegal este acuerdo.
