El proceso de euskaldunización de los jueces ocupó
mucho tiempo y espacio en los medios de comunicación durante
1998. En febrero, 14 de los 28 magistrados que componían
la sección vasca de Jueces para la Democracia se dieron
de baja al considerar que la dirección respaldaba al sector
que defendía la incorporación inmediata del euskera
en los juzgados.
Las sucesivas suspensiones de
juicios por la exigencia de un grupo de abogados de celebrarlos
íntegramente en esta lengua con la ausencia de traductores,
agravó la situación. En marzo, varios magistrados
de las audiencias de Bilbao y San Sebastián veían
«amenazada» su independencia por la campaña
de estos letrados. A finales de mes, el Tribunal Superior delegaba
en los colegios de abogados la solución al conflicto y
consideraba necesario sancionar a los letrados que rechazaban
los traductores.
El Poder Judicial se pronunció entonces sobre este
problema, y el 19 de junio aprobó un informe en el que
rechazaba la exigencia de celebrar juicios en euskera y sin traductor,
y que subrayaba la imposibilidad de aplazamientos, ya que la
ley prevé el recurso a la mediación del intérprete.
A finales de octubre, la Asociación Profesional de la
Magistratura culpaba de este conflicto al «separatismo
criminal de entorno de ETA».
Las sucesivas suspensiones de
juicios por la exigencia de un grupo de abogados de celebrarlos
íntegramente en esta lengua con la ausencia de traductores,
agravó la situación. En marzo, varios magistrados
de las audiencias de Bilbao y San Sebastián veían
«amenazada» su independencia por la campaña
de estos letrados. A finales de mes, el Tribunal Superior delegaba
en los colegios de abogados la solución al conflicto y
consideraba necesario sancionar a los letrados que rechazaban
los traductores.
