La doble escolta del PP
La vigilancia de los cargos del
Partido Popular cobró gran relevancia ante el acoso que
sufrían por parte de ETA. El 13 de diciembre, la consejería
de Interior retiraba la escolta a los ediles del PP por considerar
que con la tregua no había peligro.
Esta decisión provocó las críticas de
populares y socialistas que opinaban que el alto el fuego no
era definitivo y afirmaban que responsabilizarían al PNV
si algo ocurría a los cargos sin escolta. Pero la vigilancia
de los ediles del PP fue un tema polémico desde comienzos
de año.
En enero, Atutxa asignaba ertzainas para escoltar a todos
los ediles del PP en Guipúzcoa y a algunos de Vizcaya
y Alava, y la seguridad privada se encargaba del resto. Sin embargo,
el descubrimiento en febrero por parte de la consejería
de Interior de que las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban
realizando, al mismo tiempo y desde hacía meses, labores
de vigilancia a los cargos escoltados por la Ertzaintza desencadenó
el conflicto. Atutxa lanzó un ultimátum a Mayor
Oreja para retirar la contravigilancia, ya que afirmaba que los
ertzainas tenían esta competencia en exclusiva, pero el
Gobierno central se ratificó en su decisión. Esta
polémica destapó la falta de coordinación
entre la consejería de Atutxa y el departamento de Mayor
Oreja.
