La investigación abierta en 1997 por Javier Gómez
de Liaño por las presuntas irregularidades financieras
atribuidas a Sogecable, sociedad propietaria de Canal Plus, se
volvió contra el que fuera juez de la Audiencia Nacional
como un boomerang.
Luego de ser apartado del caso
por sospechas de parcialidad, Gómez de Liaño fue
procesado por el Supremo, que le acusó de la posible comisión
de tres delitos de prevaricación (dictar una resolución
a sabiendas de que es injusta) durante la instrucción
del sumario. Para Joaquín Martín Canivell, el magistrado
encargado de dictar el auto de procesamiento, los primeros indicios
de prevaricación aparecieron en el empeño de Liaño
de investigar el caso bajo secreto sumarial, «sin ofrecer
razones concretas para acordar ese secreto».
La Sala Segunda del Supremo confirmó en noviembre que
el juez, actualmente apartado de la carrera judicial, se sentará
en el banquillo para ser juzgado por ese delito. Gómez
de Liaño siempre ha considerado ajustadas a derecho sus
decisiones durante el caso Sogecable, y ve detrás
de su procesamiento oscuros intereses muy distintos a los de
hacer justicia.
Luego de ser apartado del caso
por sospechas de parcialidad, Gómez de Liaño fue
procesado por el Supremo, que le acusó de la posible comisión
de tres delitos de prevaricación (dictar una resolución
a sabiendas de que es injusta) durante la instrucción
del sumario. Para Joaquín Martín Canivell, el magistrado
encargado de dictar el auto de procesamiento, los primeros indicios
de prevaricación aparecieron en el empeño de Liaño
de investigar el caso bajo secreto sumarial, «sin ofrecer
razones concretas para acordar ese secreto».
