La Fiscalía de la Audiencia Nacional cerró en
octubre la crisis que atravesaba desde mediados del año
pasado. Nueve de los doce miembros del Consejo Fiscal eligieron
a Jesús Santos como nuevo teniente fiscal, plaza que permanecía
vacante desde que Eduardo Fungairiño
fue ascendido a su jefatura. En cambio, el fiscal general del
Estado, Ignacio Gordillo, vio por tercera vez cómo ni
un solo miembro del órgano asesor respaldaba su nombramiento,
pese a ser el más antiguo de los solicitantes. Lejos de
darse por vencido, el fiscal presentó el 20 de noviembre
una demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra
la designación de Santos como número dos
de la Audiencia Nacional. En su escrito, reclama que se respete
el principio de antigüedad que, en su opinión, rige
los ascensos en la carrera judicial.
Por otra parte, María Dolores Márquez de Prado
vio cómo la Audiencia Nacional anulaba su traslado forzoso
por considerar que tal medida fue injusta, ya que fue adoptada
sin justificación suficiente. Al parecer, el cambio de
destino fue una imposición del presidente del Gobierno
a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante para castigar
a los fiscales indomables: Márquez de Prado, Eduardo Fungairiño
e Ignacio Gordillo. Pese a la sentencia favorable, la fiscal
decidió quedarse en la Sala Tercera del Supremo que le
concedió el Consejo de Ministros.
Fungairiño
fue ascendido a su jefatura. En cambio, el fiscal general del
Estado, Ignacio Gordillo, vio por tercera vez cómo ni
un solo miembro del órgano asesor respaldaba su nombramiento,
pese a ser el más antiguo de los solicitantes. Lejos de
darse por vencido, el fiscal presentó el 20 de noviembre
una demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra
la designación de Santos como número dos
de la Audiencia Nacional. En su escrito, reclama que se respete
el principio de antigüedad que, en su opinión, rige
los ascensos en la carrera judicial.
