La tregua, telón de fondo
La declaración de un alto el fuego incondicional e
indefinido por parte de ETA marcó el año 1998.
La tregua abría un proceso
de esperanza que no se repetía desde las conversaciones
de Argel, en 1989. Esta nueva situación fue la respuesta
de la banda a la declaración
de Estella suscrita días antes por todos los partidos
nacionalistas e IU. Pero, desde enero y hasta el anuncio de tregua,
los terroristas acabaron con la vida de seis personas, y atentaron
contra muchas otras. La banda había iniciado el año
anterior una implacable persecución de los cargos del
Partido Popular, que se saldó
con las muertes de cuatro ediles populares: José Ignacio
Iruretagoyena, Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Tomás
Caballero y Manuel Zamarreño. Este último se convertía
en el séptimo edil del PP asesinado por los terroristas
y en la última víctima mortal antes del alto el
fuego. El acoso de ETA provocó la necesidad del PP de
colocar escoltas a sus representantes, y de aquí surgió
un problema que enfrentó a la Ertzaintza y las FSE: el
conflicto de la contravigilancia.
Este asunto destapó la falta de coordinación entre
el departamento liderado por Jaime Mayor Oreja y la consejería
de Juan María Atutxa.
Fue también el año
de las primeras elecciones autonómicas
que se desarrollaban sin la amenaza de atentados, y supusieron
un importante avance del PP y de EH, las nuevas siglas adoptadas
por HB. La coalición radical había tenido que designar
una nueva mesa nacional, ya que los 23 miembros de su dirección
estaban encarcelados desde diciembre
de 1997 por colaboración con banda armada. Esta misma
acusación fue la que utilizó el juez Baltasar Garzón
para decretar la clausura del diario
Egin en julio, decisión que provocó
polémica y numerosas protestas.
Con 1998 llegaron las sentencias de dos casos que coleaban
desde hacía años. El fraude en las oposiciones
de Osakidetza se saldó con
la condena de cinco de los acusados y la absolución del
socialista José Luis Marcos Merino. También se
veía libre de cargos Floreal Crespo, el único imputado
por el asunto Max Center. El acercamiento de los presos
a las cárceles vascas se convirtió en la reina
de las reivindicaciones durante un año en el que quedó
patente, por otro lado, el conflicto surgido a raiz del proceso
de euskaldunización de los jueces.
Diciembre concluyó con las negociaciones para formar un
gobierno estable formado por PNV,
EA y EH. Este marco nacionalista surgió tras la ruptura
de las conversaciones entre socialistas y jeltzales, fracaso
debido a las posiciones enfrentadas en materia de pacificación.
