La polémica en torno al enclave burgalés situado
en el corazón de Alava entablada entre las autoridades
del Castilla-León, el Gobierno vasco y la Diputación
Foral de Alava continuó a lo largo de este año.
El Ejecutivo vasco solicitó
a finales del mes de septiembre al Gobierno central la celebración
de un plebiscito para que los treviñeses se pronunciaran
sobre su anexión del enclave en Alava. La petición
fue rechazada por las autoridades castellanas, que paralizaron
el proceso legal que podría abrirse según lo establecido
en su estatuto. Las propias autoridades treviñesas apremiaron
al gabinete Aznar para que autorizara la consulta popular.
El ayuntamiento del Condado, en manos de tres ediles de la
Agrupación Electoral Independiente, tras la dimisión
en mayo de los cuatro representantes del PP, rechazó los
informes emitidos desde Castilla-León para paralizar el
plebíscito. Los propios alcaldes treviñeses solicitaron,
posteriormente, una reunión con el ministro para las Administraciones
Públicas, Mariano Rajoy.
A principios de diciembre, la propia Diputación alavesa
descartó presentar recurso contra los informes emitidos
por la Junta de Castilla y León y por la Diputación
de Burgos que vetaban la celebración de un referéndum
entre los habitantes de la zona.
El Ejecutivo vasco solicitó
a finales del mes de septiembre al Gobierno central la celebración
de un plebiscito para que los treviñeses se pronunciaran
sobre su anexión del enclave en Alava. La petición
fue rechazada por las autoridades castellanas, que paralizaron
el proceso legal que podría abrirse según lo establecido
en su estatuto. Las propias autoridades treviñesas apremiaron
al gabinete Aznar para que autorizara la consulta popular.
