| portada |
  LA INVESTIGACIÓN
La trama
 

Los islamistas construyeron las bombas gracias a unos croquis obtenidos en Internet de páginas antiterroristas israelitas

La decisión de ejecutar una masacre en Madrid fue adoptada entre febrero y marzo de 2003 en una tienda del barrio madrileño de Villaverde. Dirigentes del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, miembros de Al-Qaida y salafistas –la corriente más radical del terrorismo islamista– residentes en la capital de España se conjuraron para vengarse del apoyo de este país a la invasión de Irak.

La detención de los primeros cabecillas aupó al liderazgo del grupo a Serhane Ben Fakhet, ‘el Tunecino’, quien junto a sus acólitos preparó la matanza, gestada en una casucha de Chinchón. Allí, los integristas fabricaron las doce mochilas-bomba que dejaron abandonadas en los cuatro trenes. Los explosivos habían llegado a finales de enero. Paradójicamente, gracias a unos croquis obtenidos en Internet de páginas antiterroristas israelitas, los islamistas construyeron las bombas. Las instrucciones son precisas: diez kilos de ‘goma dos’ por artefacto y 600 gramos de clavos y tornillería, todo activado por teléfonos móviles y su función ‘despertador’.

La pista

A primera hora de la mañana del 11 de marzo, los terroristas suben a los trenes. Tienen preparada la huida, no quieren aún convertirse en mártires; antes pretenden realizar otras acciones, como volar el AVE Madrid-Sevilla. Pero, inmediatamente después de la masacre, la investigación está en marcha. Hay una pista: la tarjeta prepago del móvil adosado una de las bombas que no estalló. Se averigua que fue vendida en un bazar de Alcorcón regentado por dos ciudadanos indios. Confiesan que el comprador fue Jamal Zougam, fichado por la Policía por sus vínculos con el integrismo.

Las Fuerzas de Seguridad miran a Asturias: en una furgoneta en Alcalá de Henares se halla un detonador, sólo suministrado a la empresa Caolines de Merillés. El 3 de abril, los terroristas son cercados en Leganés. Se suicidan. Un ‘geo’ muere. En los registros se analizan 1.334 huellas y 86 perfiles genéticos; suficientes para continuar la mayor investigación policial en España. Al final, 74 imputados, a los que la Audiencia Nacional quiere sentar este mismo año en el banquillo. 22 se encuentra en prisión, 5 huidos y el resto, en libertad provisonal. Hay 30 testigos protegidos.