Los islamistas construyeron las bombas gracias a unos
croquis obtenidos en Internet de páginas antiterroristas
israelitas
La decisión de ejecutar una masacre en Madrid
fue adoptada entre febrero y marzo de 2003 en una tienda
del barrio madrileño de Villaverde. Dirigentes
del Grupo Islámico Combatiente Marroquí,
miembros de Al-Qaida y salafistas la corriente
más radical del terrorismo islamista residentes
en la capital de España se conjuraron para vengarse
del apoyo de este país a la invasión de
Irak.
La detención de los primeros cabecillas aupó
al liderazgo del grupo a Serhane Ben Fakhet, el
Tunecino, quien junto a sus acólitos preparó
la matanza, gestada en una casucha de Chinchón.
Allí, los integristas fabricaron las doce mochilas-bomba
que dejaron abandonadas en los cuatro trenes. Los explosivos
habían llegado a finales de enero. Paradójicamente,
gracias a unos croquis obtenidos en Internet de páginas
antiterroristas israelitas, los islamistas construyeron
las bombas. Las instrucciones son precisas: diez kilos
de goma dos por artefacto y 600 gramos de
clavos y tornillería, todo activado por teléfonos
móviles y su función despertador.
La pista
A primera hora de la mañana del 11 de marzo,
los terroristas suben a los trenes. Tienen preparada
la huida, no quieren aún convertirse en mártires;
antes pretenden realizar otras acciones, como volar
el AVE Madrid-Sevilla. Pero, inmediatamente después
de la masacre, la investigación está en
marcha. Hay una pista: la tarjeta prepago del móvil
adosado una de las bombas que no estalló. Se
averigua que fue vendida en un bazar de Alcorcón
regentado por dos ciudadanos indios. Confiesan que el
comprador fue Jamal Zougam, fichado por la Policía
por sus vínculos con el integrismo.
Las Fuerzas de Seguridad miran a Asturias: en una furgoneta
en Alcalá de Henares se halla un detonador, sólo
suministrado a la empresa Caolines de Merillés.
El 3 de abril, los terroristas son cercados en Leganés.
Se suicidan. Un geo muere. En los registros
se analizan 1.334 huellas y 86 perfiles genéticos;
suficientes para continuar la mayor investigación
policial en España. Al final, 74 imputados, a
los que la Audiencia Nacional quiere sentar este mismo
año en el banquillo. 22 se encuentra en prisión,
5 huidos y el resto, en libertad provisonal. Hay 30
testigos protegidos.
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