Puede un responsable público mostrarse indiferente ante el desmentido de ETA sin incurrir en una grave irresponsabilidad? ¿Puede un responsable público mantener su mirada hacia ETA mientras se acumulan datos que apuntan en otra dirección? ¿Puede estar el Gobierno español señalando a ETA mientras el mundo piensa en Al-Qaida? Éstas son algunas de las preguntas que suscita la gestión gubernamental de la crisis más horrorosa causada por el terrorismo en Europa.

Junto a su sanguinario e indiscriminado proceder, el terrorismo identificado con el 11-S se caracteriza por la evanescente expresión de sus objetivos y su disposición a eludir la reivindicación inmediata de sus terribles atentados. Por eso mismo, la primera obligación de los responsables de la seguridad es descifrar las evidencias y los indicios para orientar sus esfuerzos y la atención ciudadana en un sentido efectivo en la lucha contra el terror.

Sin embargo, la sucesión de comparecencias públicas de los ministros del Gobierno saliente y de significados líderes del PP dieron ayer más la impresión de obedecer a una consigna dictada para fijar la atención sobre ETA que de responder a la pregunta que los manifestantes se hacían en medio de su compromiso unitario: «¿quién ha sido?».

Sería repugnante que nos viéramos sometidos a la coacción moral de tener que continuar atribuyendo a ETA la masacre so pena de acabar siendo acusados de indultarla. Pero la ETA que ayer comunicó su mentís por la vía que en todas las anteriores ocasiones resultó validada por los responsables gubernamentales seguirá siendo repugnante aunque admitamos como veraz su mensaje.

En cualquier caso, la irresponsabilidad de los que siempre dijeron que ETA nunca miente y que ayer se esforzaron en desechar su mentís no se debería tanto a su afán por restarle crédito a la banda asesina como a su indisposición para aceptar que un nuevo terrorismo se ha introducido en España o, por expresarlo en términos más inquietantes, para aceptar que España ha sido introducida entre las redes de un nuevo terrorismo.

A estas alturas, eludir la verdad sería tanto como ocultarla. Los responsables políticos y policiales y los propios periodistas tienen la obligación de aproximarse al máximo y cuanto antes a la verdad de la masacre del 11 de marzo. Y es inadmisible que alguien trate de oponer esa obligación al deber que la democracia ha contraído hacia las víctimas de Madrid. Porque, tras las manifestaciones de duelo y solidaridad, la primera obligación de la democracia hacia las víctimas es descubrir la identidad de sus asesinos.