ANA BARANDIARÁN
Nucleares, sí; nucleares, no. El debate sigue abierto. La Comisión Europea lo ha reavivado esta semana al proclamar sus excelencias en un documento sobre perspectivas energéticas. En el texto destaca ventajas de esta tecnología como su contribución a la lucha contra el cambio climático al no emitir CO2 y su bajo coste. Construir una central conlleva una inversión inicial del orden de 3.000 millones de euros, más elevada que en otros casos, pero luego los gastos de funcionamiento son inferiores porque la materia prima, el uranio, sólo supone un 5% de la factura y no fluctúa tanto como el petróleo o el gas. Esta característica también ayuda a reducir la preocupante dependencia del exterior, ya que la UE importa el 50% de la energía que consume.

Pero Bruselas, consciente de que es un asunto muy controvertido socialmente, no va más allá de constatar estas virtudes y reconoce que compete a cada país decidir qué política adopta al respecto. En la actualidad, la energía nuclear aporta en la UE el 30% de la electricidad. Hay un total de 152 reactores repartidos entre los 15 Estados miembros que cuentan con centrales de esta tecnología.

No hay consenso para afrontar este debate. Alemania mantiene su compromiso de abandonar esta tecnología y respetar el calendario de cierre de las centrales, mientras Finlandia y Francia, en el extremo opuesto, están construyendo nuevos reactores. La única nota común es que en todos ellos se ha reabierto la discusión.

Ningún país permanece ajeno a este debate, atizado por recientes dificultades como la escalada del petróleo -que se ha corregido en los últimos meses- y los conflictos con Rusia, principal suministrador de gas. España no es una excepción. La coyuntura energética obligó al Gobierno del PSOE, que proclamó en su campaña electoral el cierre de las nucleares en 20 años, a abrir una mesa para analizar este asunto.

La conclusión alcanzada en este foro de debate no despejó el futuro de la energía nuclear en España. Lo único que se decidió es dejar las cosas como están: mantener las centrales que hay, a falta de un «plan alternativo de sustitución realista», pero no construir nuevas hasta que se avance en las gestión de los residuos radiactivos.

El Ministerio de Industria, entonces liderado por José Montilla, dio a entender que con esta política el Gobierno ya está cumpliendo con su promesa electoral, que se limita a «sustituir de forma gradual la energía nuclear por otras más seguras, más limpias y menos costosas», pero siempre dando prioridad a la garantía de suministro. Como la aportación de las nucleares se mantiene constante en el tiempo -ronda los 60.000 gigavatios/hora- y crece el consumo, su peso en la producción total ha caído del 27% en 2000 al 21% en 2006. Los ecologistas, sin embargo, exigen la fijación de un calendario de cierre.

No hay prisa
El Ejecutivo cuenta con la baza de que las ocho centrales actualmente en activo, salvo Garoña, no van a cumplir su vida útil de 40 años hasta pasado el 2020, con lo que no hay prisa para tomar medidas. La decisión más inmediata que debe afrontar es en 2009 -si sigue en el poder tras las elecciones- cuando vence el permiso de funcionamiento de la planta de Burgos, propiedad de Nuclenor -compartida por Iberdrola y Endesa-. El Consejo de Seguridad Nacional debe analizar si puede seguir operativa otros diez años. Pero, aunque su respuesta sea positiva, el Gobierno está capacitado para cerrarla. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró esta semana que así se hará. Renunciar a la central nuclear más veterana y pequeña -su potencia es de 466 MW- es un coste asumible si a cambio se obtienen apoyos para proyectos urgentes como la construcción del almacén centralizado de residuos radiactivos.
14 de enero de 2007