AULA DE CULTURA VIRTUAL

CÓMO CONCILAR FAMILIA Y TRABAJO

Dña. Teresa López
16 de mayo de 2003

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Entonces, ¿cuáles son las premisas de partida que debemos resaltar? En principio, para valorar la bondad económica y la eficacia de cualquier política de conciliación, que puede ser de naturaleza diversa (podemos estar hablando de políticas fiscales, de políticas relativas al mercado de trabajo, de servicios públicos, guarderías, centros de cuidado asistencial, bajas por maternidad y demás), creo que hace falta tener claras cuatro ideas. La primera de ellas es que la responsabilidad de tener hijos y educarlos es exclusivamente de la familia. Es decir, que la sociedad en general y los poderes públicos deben ayudarle a cumplir sus funciones, pero ni éstos ni nadie deben arbitrar políticas que sustituyan a la propia familia. No se trata de alargar los horarios de los colegios hasta las diez de la noche para que los niños no molesten, o llenarlos de actividades extraescolares para que así madres y padres podamos trabajar sin tener que ocuparnos de ellos. Desde luego, esto es una barbaridad que actualmente está siendo objeto de debate. Claro que, ya de por sí, los horarios laborales españoles son un tanto irracionales, al menos en determinados sectores, y están ciertamente alejados de los del resto de países de nuestro entorno, además de que, por si esto fuera poco, existe una absoluta desconexión entre los horarios de nuestros hijos y los de nuestros trabajos. No parece lógico que si nuestros horarios son irracionales queramos meter a nuestros hijos en esa misma dinámica de alargar su permanencia fuera del hogar hasta horas intempestivas. Entonces, abogo por cambiar nuestra cultura en lo que al uso del tiempo se refiere.

La segunda premisa o idea importante es que las decisiones tomadas en el seno familiar no afectan exclusivamente a nuestro ámbito privado. Cuando hablamos de nuestra familia, de si tenemos hijos o no, parece que esto es una decisión únicamente nuestra, y aunque dicha decisión es algo que queda de puertas adentro, evidentemente, sus consecuencias salen de la propia familia. Es decir, que existen fuertes interrelaciones entre las decisiones que se toman en las familias y la propia sociedad. De hecho, ni a los poderes públicos ni a la sociedad en general debería resultarles indiferente que las familias decidan tener muchos menos hijos, o no atender a sus mayores, o que las mujeres decidamos salir a trabajar y, por tanto, dividir nuestro tiempo entre el cuidado de las personas dependientes y nuestra profesión, porque todo esto exige un cierto equilibrio entre las partes afectadas. Hasta ahora, en las familias se han estado ofreciendo unos servicios que han provocado que los poderes públicos se hayan sentido más liberados. Antes no había problema, ya que las mujeres permanecían en casa y cuidaban a estas personas dependientes. Sin embargo, cuando las mujeres decidieron salir del hogar fue cuando los poderes públicos se percataron de que estaban frente a nueva realidad que originaba cubrir una serie de necesidades que hasta entonces no habían salido a la palestra. Ciertamente, nadie se veía obligado a atender al hecho de que tener menos hijos supusiera una disminución de inversión en capital humano, por ejemplo, puesto que, efectivamente, tener un hijo implica que la familia dedica una parte de sus recursos a invertir en formación, en capital humano, insisto. Además, esa pérdida de inversión se transforma probablemente en consumo, lo que sin duda afecta a nuestra sociedad. O sea, que aquí se demuestra que esas decisiones tomadas en familia afectan al funcionamiento no solamente de esa sociedad en general, sino también de los poderes públicos.

La tercera premisa está relacionada con algo que mencionaba con anterioridad, y es que cuando se habla de conciliación familiar y laboral normalmente se habla de políticas públicas concebidas como políticas de mujer, con lo cual, fallamos por la base. Como ya les adelantaba, las políticas de conciliación de vida familiar y laboral no deben ser políticas de mujer, porque ésta no debe ser la única beneficiaria, sino que debe serlo la unidad familiar. Es decir, la familia es una unidad que por sí misma aporta a la sociedad mucho más de lo que aporta la suma de cada uno de sus miembros, por lo que esas políticas de conciliación deben ir más allá de los derechos de la mujer e incorporar al debate los derechos de todos los miembros de la familia con la misma intensidad. De lo contrario, estaremos hablando de políticas de mercado de trabajo, por ejemplo, o de políticas de igualdad de trato, pero no de políticas de familia. Creo que, en definitiva, se trataría de establecer que la principal aportación de las políticas de conciliación y, en este caso, de familia al debate social es la defensa de los derechos de todos y cada uno de los miembros de la familia con igual intensidad. Hasta ahora, en lo que respecta a esas políticas públicas de conciliación, los hijos o los ancianos se han concebido más como obstáculos para el ejercicio del derecho al trabajo de los padres que como personas que tienen sus propios derechos, sus propias necesidades y que forman las familias. Fíjense qué curioso que, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando se regulan las prestaciones por hijo a cargo o las pensiones, se habla de «cargas familiares» para hacer referencia a aquellas situaciones en las que un matrimonio o una persona tiene alguien dependiente. Ni que decir tiene que esto refleja la valoración social que le otorgamos a este hecho y que, en cualquier caso, es algo negativo hablar de cargas familiares cuando de lo que estamos hablando es de miembros de una misma familia.



 

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